El Consejero de Educación declaraba en una entrevista reciente sus intenciones respecto a los cambios que pretende introducir en la enseñanza de las lenguas, basándolos principalmente en el objetivo de conseguir que todo el alumnado obtenga al final de la ESO un nivel lingüístico correspondiente al del certificado B2 del marco Europeo de las Lenguas (equivalente al First Certificate).

El Señor Campos pretende definir la ley correspondiente a partir de un consenso amplio, pero advierte al mismo tiempo que, en caso de no lograrlo, sería suficiente sacar adelante sus planes con el 51% del respaldo del Parlamento Vasco. Es precisamente en esta consideración en la que creo que radica el principal problema de la estrategia anunciada por el Consejero, porque decisión monocolor y consenso son dos términos absolutamente contradictorios.

Suele entenderse el consenso como la concurrencia de distintas voluntades para compartir una visión común de los fundamentos sobre un asunto, lo que implica un convenio sustancial. El acuerdo, sin embargo, llama a fijar criterios concretos de actuación en una parte más o menos amplia de una cuestión. Es, por lo tanto, más operativo que sustancial. Y si algo caracteriza en Euskadi el factor lingüístico es su naturaleza compleja y de profundidad sociológica, formada por sentimientos, actitudes, y expectativas personales entrecruzadas en algunos casos con una utilización política que debemos evitar a toda costa por el bien del euskera y la paz social.

Así que el tratamiento de las lenguas en Euskadi no se trata de una mera ‘cuestión técnica’ como repite varias veces el Consejero en su entrevista para soslayar los aspectos sociolingüísticos, cuyo enfoque compartido: el consenso, es inevitablemente previo a la concreción de cualquier medida.

Si hasta ahora el euskera ha recibido un fortísimo impulso, no olvidemos como estábamos hace treinta años, ha sido gracias al acuerdo básico entre nacionalistas y no nacionalistas plasmado en la Ley del Euskera en 1982 y, en el ámbito educativo, en el Pacto Escolar de 1992, junto a la prudencia y al sentido común en la aplicación de las políticas concretas. Prudencia que ha ido menguando durante los últimos años para transformarse en la actualidad en planteamientos excluyentes.

Así, el Señor Campos anuncia que buscará el consenso para transformar el actual sistema de modelos lingüísticos, pero advierte por una parte que no admitirá vetos, entendiendo como tales planteamientos que se aparten de su intención principal, y por otra que le bastará el 51% de los votos parlamentarios para aprobar su propuesta. Es decir, que el consenso es conveniente pero no necesario para el Consejero, y sin embargo sí entiende la necesidad de atender a las razones de fondo para otros asuntos cuando declara públicamente que los aspectos relacionados con el incremento de financiación de la red concertada “son todavía muy sensibles en la sociedad vasca, por lo que el Departamento de Educación considera que deben ser resueltos con gran consenso en el país”. O sea, para la financiación de la concertada consenso, para el asunto lingüístico: mejor que sí, pero si no… el 51%.

Esta actitud contradictoria indica la intención de pasar por encima del consenso para avanzar hacia un objetivo basado más en esencias políticas que en expectativas razonables desde el punto de vista social, lo contrario de lo que necesita el euskera y de lo que conviene ahora mismo a la sociedad vasca.

Y no es que la necesidad de consenso para cualquier modificación de fondo de la política lingüística sea un empecinamiento socialista. El Consejo Asesor del Euskera ha reclamado públicamente lo mismo el mes pasado en la presentación de un documento de bases para la política lingüística de principios del siglo XXI. Debería hacer reflexionar al Departamento de Educación que  personalidades del mundo euskaldun y miembros de un Consejo dependiente del Departamento de Cultura hayan concluido que “para asegurar el futuro del euskera es fundamental la adhesión y la lealtad de la ciudadanía al idioma, fines que sólo se consiguen con consenso social, político y cultural”.

En el mismo sentido se ha pronunciado Erramun Osa, responsable que fue de AEK, al estimar que “precisamente, una de las limitaciones palpables al desarrollo de la legislación actual relacionada con la lengua vasca está en la propia sociedad vasca”, lo que indica la necesidad de compartir que el contexto sociolingüístico de nuestros jóvenes impone condicionantes que limitan la eficacia del aprendizaje de la lengua, sólo solventables con una asunción colectiva de objetivos lingüísticos realistas y con una política educativa que tenga en cuenta las circunstancias propias del alumnado de cada centro.

Así que, Señor Consejero, no estamos hablando de una cuestión únicamente técnica. Es más, no podrá haber un tratamiento de las lenguas sensato, eficaz y con futuro sino es ampliamente compartido. Por eso, como ha propuesto recientemente Patxi López, tenemos que trabajar desde la integración, desechando el frentismo y la exclusión, asumiendo la pluralidad de Euskadi.

Vicente Reyes

Secretario de Educación de Vizcaya del PSE-EE